En Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, alcalde de ese municipio no tuvo empacho en contratar a su pareja, Sonia Carrillo, como su secretaria particular y posteriormente jubilarla con un salario superior al que tenía.
Ahora funge como presidenta del DIF municipal.
El caso trascendió a nivel nacional al conocerse la medida cautelar que un juez civil dictó contra el periodista Jaime Delgado, director del portal de noticias Periodismo Negro.
Delgado informó ampliamente sobre el caso de nepotismo en su portal noticioso, pero su denuncia no tuvo repercusiones legales para el munícipe, solo para él y otro comunicador que por presiones del alcalde fue despedido de su empleo.
En Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez ha sido señalado por diversos medios de comunicación de haber creado una supersecretaría para su esposa, Martha Lilia López Aguilera.
Así como de tener en su gabinete a su primo, Amet Ramos Troconis, como Secretario de Finanzas, y emplear a otros parientes en cargos menores de su administración.
Pese a los cuestionamientos, el mandatario ex priista mantiene a sus familiares en los cargos públicos.
En Morelos, el gobierno de Graco Ramírez en Morelos está marcado por el nepotismo, la incapacidad y la ineficacia en la lucha contra la inseguridad, características que también comparten el gobierno de Tabasco y el municipal de Mexicali.
Desde febrero del 2013, Graco Ramírez, nombró a su ex esposa Olga Durón Viveros, coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Su hermano Rafael Bolívar Garrido, es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, y percibe un sueldo mensual de 59,327 pesos con 42 centavos.
A Javier Pérez Durón, sobrino de su exesposa, lo nombró Fiscal General de Morelos, el sueldo que percibe no aparece en la página de Transparencia del estado.
La secretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs, es la pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez Garrido Durón, su hijo.
El nepotismo, una práctica que se considera parte de la corrupción, pero se ejerce abiertamente y sin vergüenza en las administraciones públicas debido a que aún no está tipificado como delito.
La única forma en que se sanciona a quien lo comete, es suspendiendo o inhabilitándolo para ejercer algún cargo dentro de la administración pública.
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