Aun cuando la labor que realizan no es de riesgo, los siete comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) se autoasignaron un bono extraordinario de 208 mil 410 pesos por exponerse a peligros de seguridad en su persona.
Desde el 2013 a los funcionarios del INAI se les ha venido criticando por despilfarrar dinero público.
Incluso en 2013 fueron citados a comparecer ante el Senado por conflictos de interés y el derroche de más de 900 mil pesos en 44 viajes; pero ninguno fue sancionado.
El año pasado los comisionados y otros funcionarios del INAI volvieron a hacer de las suyas y gastaron sin miramientos, 4 millones 213 mil 807 pesos del dinero de los mexicanos, en 534 viajes.
Ahora, aprovecharon el nuevo estatus de órgano constitucional autónomo del INAI para autoregalarse 208 mil 410.02 pesos netos.
Este tipo de pagos extraordinarios se dan en el Gobierno federal solo a funcionarios de mando, civiles y militares, cuyo desempeño ponga en riesgo su seguridad o su salud.
En el caso de las dependencias del Gobierno federal es la Secretaría de la Función Pública la que evalúa la gravedad del riesgo y determina el porcentaje del pago extraordinario.
Pero, en el caso de los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, son ellos los que deciden de acuerdo con sus propias normas.
El bono por riesgo se lo autorizaron los consejeros del INAI en la sesión del pleno del pasado 9 de diciembre.
En el acuerdo ACT-PUB-09-12-2015.11 argumentaron que, a causa de las actividades que llevan a cabo en materia de acceso a la información y protección de datos personales, están propensos a exponerse a riesgos de seguridad en su persona.
Lo anterior, debido a los viajes que realizan, la información que manejan derivado de las resoluciones que emiten y porque su nivel jerárquico es el equivalente a un subsecretario, circunstancias que, establece el acuerdo, crean la necesidad de otorgarles el grado máximo de riesgo.
En la justificación para este bono detallan que el pago de riesgo para el Presidente de la República asciende al 30 por ciento de sus percepciones ordinarias mensuales; los Ministros y Consejeros de la Judicatura Federal obtienen un 27.7 por ciento, y el presidente del Trife, 17.4 por ciento.
En su caso, aplicaron la fórmula de la Función Pública y determinaron que el porcentaje que deberían asignarse es el 13.32 por ciento de sus percepciones brutas anuales.
Conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación las percepciones anuales brutas de los Comisionados -que incluyen sueldos, salarios y prestaciones- ascienden a 3.4 millones de pesos.
De acuerdo con el tabulador de sueldos y prestaciones de los servidores públicos de confianza, las remuneraciones de los comisionados comprenden, entre otros, un seguro de separación individualizado, seguro colectivo de retiro, gastos médicos mayores, prima vacacional, prima quincenal, aguinaldo y pagos por defunción, vacaciones, equipo de comunicación y apoyo económico para gastos de vehículo.
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