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| Virgilio Andrade, titular de la SFP. |
En una entrevista que concedió al diario El Universal, el fiscal anticorrupción dijo que la investigación también incluye a funcionarios de sexenios pasados.
Explicó que aun cuando en el ámbito administrativo el delito prescribe, en el penal no, por lo que la Secretaría de la Función Pública se encarga de documentar los casos para dar vista a las autoridades.
Como parte de los resultados que ha tenido la SFP en el combate a la corrupción, el funcionario destacó el cese e inicio de acusaciones penales contra los titulares de Exportadora de Sal, Jorge Humberto López Portillo; de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Luis Rivera Montes de Oca, y del Puerto Topolobampo, Javier Tovar Jácome.
Si se encuentra responsabilidad plenamente acreditada de la participación de funcionarios superiores en situaciones indebidas, se actúa en consecuencia, como este año con dos titulares de empresas paraestatales, y con un titular de otro organismo, agregó.
Detalló que en lo que va del año la Secretaría de la Función Pública ha atendido entre 26 mil y 30 mil quejas. En este sentido reconoció que falta consolidar en la SFP un sistema de quejas ciudadanas más ágil que de mayor confianza.
Reveló que las áreas donde se presentan más los actos de corrupción, son las de atención directa al público.
“En estas pueden presentarse actos indebidos de corrupción, para esos casos tenemos el usuario simulado que, frente a denuncias, se envían funcionarios a las situaciones específicas de queja”.
“Hay otros niveles en donde los actos de corrupción se hacen más complejos, porque son contubernios y redes y, en ese sentido, es importante establecer protocolos. En niveles medio altos y altos hay mayor susceptibilidad de violación, el mayor riesgo es que existan situaciones de enriquecimiento ilícito”, expuso.
Sobre los casos de enriquecimiento ilícito que conoce la SFP, dijo que son cerca de una centena de casos, incluyendo de administraciones pasadas.
En la detección de estos casos las contralorías sociales son consideradas uno de los activos más importantes que tiene la Secretaría de la Función Pública.
La Contraloría Social es la conformación de grupos de ciudadanos a nivel de municipios que vigilan la aplicación de los programas sociales y en ellas participan 130 mil personas.
Para 2016 consideró que el reto principal será el poder incrementar el acceso de las personas para establecer quejas y denuncias en materia de corrupción, por un lado y en segundo lugar, consolidar la labor de la secretaría en el seguimiento de los temas de la propia administración.
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