La corrupción en el gobierno y los burócratas, ha empeorado respecto a 2014, revela un estudio realizado por la consultora FTI Consulting
El gobierno y sus empleados son percibidos en la iniciativa privada como altamente corruptos, según datos del segundo Estudio Nacional de Factores de Impacto en el Desempeño de las Empresas en México realizado por la consultora FTI Consulting.
La corrupción en el gobierno y los burócratas, ha empeorado respecto a 2014, revela el estudio de FTI Consulting.
De acuerdo a la consultora al preguntar a gerentes y tomadores de decisiones, “a su parecer, ¿qué nivel de gobierno es más corrupto para hacer negocios con las empresas?” el 76% de los encuestados respondió que “Todos/Igual de corruptos”, contra un 43% que lo consideró así el año pasado.
Sin embargo, menos administradores consideraron que las empresas necesitan involucrarse en esquemas de corrupción con las autoridades para realizar negocios.
En 2014, el 25% de los encuestados lo consideraba “Muy necesario” y el 40% “Nada necesario”, este año solo el 9% indicó que es “Muy necesario”, mientras que el 54% lo consideró “Nada necesario”.
El 77% reportó al menos un caso en el que un funcionario público solicitara dinero para resolver o facilitar la solución de un problema.
¿Y empleados?
La diferencia por año es poca entre 2014 y 2015 en el tema de la ética e integridad de los empleados de todos los niveles (incluyendo gerentes y directivos) de una empresa.
El 35% de las empresas reportó al menos un incidente de ética en sus organizaciones, frente a un 36% el año pasado. El nivel de sanción fue de un 80% en 2014 y 79% este año.
Sin embargo, un número que sí bajó significativamente fue el de la corresponsabilidad de la empresa en el bien de la sociedad, la ciudad y el país. Mientras que en 2014 el 81% de los encuestados respondió “Mucho”, este año la cifra se redujo a un 57%.
El estudio se llevó a cabo con encuestas telefónicas realizadas entre gerentes y tomadores de decisiones de 565 empresas en México. El margen de error para la estimaciones resultantes es de +/- 4.2% considerando un nivel de confianza de 95%.
martes, 15 de diciembre de 2015
Nepotismo, "cualidad" que une a los gobiernos de Mexicali, Tabasco y Morelos
Su práctica se considera parte de la corrupción, pero se ejerce abiertamente y sin vergüenza en las administraciones públicas debido a que aún no está tipificado como delito
Los gobiernos estatales de Morelos y Tabasco, así como la administración municipal de Mexicali, Baja California tienen una característica en común: ejercen el nepotismo sin disimulo.
En Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, alcalde de ese municipio no tuvo empacho en contratar a su pareja, Sonia Carrillo, como su secretaria particular y posteriormente jubilarla con un salario superior al que tenía.
Ahora funge como presidenta del DIF municipal.
El caso trascendió a nivel nacional al conocerse la medida cautelar que un juez civil dictó contra el periodista Jaime Delgado, director del portal de noticias Periodismo Negro.
Delgado informó ampliamente sobre el caso de nepotismo en su portal noticioso, pero su denuncia no tuvo repercusiones legales para el munícipe, solo para él y otro comunicador que por presiones del alcalde fue despedido de su empleo.
En Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez ha sido señalado por diversos medios de comunicación de haber creado una supersecretaría para su esposa, Martha Lilia López Aguilera.
Así como de tener en su gabinete a su primo, Amet Ramos Troconis, como Secretario de Finanzas, y emplear a otros parientes en cargos menores de su administración.
Pese a los cuestionamientos, el mandatario ex priista mantiene a sus familiares en los cargos públicos.
En Morelos, el gobierno de Graco Ramírez en Morelos está marcado por el nepotismo, la incapacidad y la ineficacia en la lucha contra la inseguridad, características que también comparten el gobierno de Tabasco y el municipal de Mexicali.
Desde febrero del 2013, Graco Ramírez, nombró a su ex esposa Olga Durón Viveros, coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Su hermano Rafael Bolívar Garrido, es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, y percibe un sueldo mensual de 59,327 pesos con 42 centavos.
A Javier Pérez Durón, sobrino de su exesposa, lo nombró Fiscal General de Morelos, el sueldo que percibe no aparece en la página de Transparencia del estado.
La secretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs, es la pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez Garrido Durón, su hijo.
El nepotismo, una práctica que se considera parte de la corrupción, pero se ejerce abiertamente y sin vergüenza en las administraciones públicas debido a que aún no está tipificado como delito.
La única forma en que se sanciona a quien lo comete, es suspendiendo o inhabilitándolo para ejercer algún cargo dentro de la administración pública.
Los gobiernos estatales de Morelos y Tabasco, así como la administración municipal de Mexicali, Baja California tienen una característica en común: ejercen el nepotismo sin disimulo.
En Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, alcalde de ese municipio no tuvo empacho en contratar a su pareja, Sonia Carrillo, como su secretaria particular y posteriormente jubilarla con un salario superior al que tenía.
Ahora funge como presidenta del DIF municipal.
El caso trascendió a nivel nacional al conocerse la medida cautelar que un juez civil dictó contra el periodista Jaime Delgado, director del portal de noticias Periodismo Negro.
Delgado informó ampliamente sobre el caso de nepotismo en su portal noticioso, pero su denuncia no tuvo repercusiones legales para el munícipe, solo para él y otro comunicador que por presiones del alcalde fue despedido de su empleo.
En Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez ha sido señalado por diversos medios de comunicación de haber creado una supersecretaría para su esposa, Martha Lilia López Aguilera.
Así como de tener en su gabinete a su primo, Amet Ramos Troconis, como Secretario de Finanzas, y emplear a otros parientes en cargos menores de su administración.
Pese a los cuestionamientos, el mandatario ex priista mantiene a sus familiares en los cargos públicos.
En Morelos, el gobierno de Graco Ramírez en Morelos está marcado por el nepotismo, la incapacidad y la ineficacia en la lucha contra la inseguridad, características que también comparten el gobierno de Tabasco y el municipal de Mexicali.
Desde febrero del 2013, Graco Ramírez, nombró a su ex esposa Olga Durón Viveros, coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Su hermano Rafael Bolívar Garrido, es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, y percibe un sueldo mensual de 59,327 pesos con 42 centavos.
A Javier Pérez Durón, sobrino de su exesposa, lo nombró Fiscal General de Morelos, el sueldo que percibe no aparece en la página de Transparencia del estado.
La secretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs, es la pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez Garrido Durón, su hijo.
El nepotismo, una práctica que se considera parte de la corrupción, pero se ejerce abiertamente y sin vergüenza en las administraciones públicas debido a que aún no está tipificado como delito.
La única forma en que se sanciona a quien lo comete, es suspendiendo o inhabilitándolo para ejercer algún cargo dentro de la administración pública.
Fiscal electoral se niega a hacer públicas sus declaraciones ante la SFP
El fiscal electoral debe renunciar al cargo, “porque no se le puede tener confianza a un hombre que debe vigilar que las elecciones sean limpias, cuando le mintió al Senado”, afirmó el director de la organización Impacto Legislativo, Diego Díaz Iturbe.
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), Santiago Nieto Castillo, se negó a abrir a la ciudadanía sus datos patrimoniales y de conflicto de interés.
“No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”, se puede leer en la página de la Secretaría de la Función Pública, en la que se aclara que los formatos con la que el fiscal electoral entregó la información a la dependencia, fueron llenados por el propio servidor público.
En los datos que dio a la SFP, el fiscal en delitos electorales no reportó su relación con el PRD.
Entre la información que presentó a la SFP aparecen los relacionados a la actividad laboral que desempeñó en el Poder Judicial y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El funcionario omitió haber laborado más de un año como asesor con la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, antes de ser nombrado por la Cámara Alta como fiscal contra los delitos electorales.
De acuerdo con información dada a conocer por El Universal el pasado viernes 4 de diciembre, Nieto Castillo trabajó con los senadores del PRD hasta cuatro días antes de ser designado fiscal.
El diario publicó que el funcionario firmó un contrato por más de un millón de pesos para dar asesorías al grupo parlamentario del sol azteca en la Cámara Alta, y que esa misma fracción posteriormente formó parte del bloque de legisladores que lo aprobó para ser titular de la FEPADE.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, confirmó en su momento que el fiscal Santiago Nieto fue asesor de su bancada, previo a ser elegido en el cargo, y que recibía 60 mil pesos mensuales.
En su momento, el fiscal Santiago Nieto rechazó que exista conflicto de interés en su designación, porque cumplió con los requisitos legales y adicionales de la convocatoria emitida por el Senado.
El Senado eligió a Santiago Nieto con 95 votos en favor y una abstención, con el voto de todas las bancadas, incluso de la entonces senadora Arely Gómez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), actual procuradora General de la República.
Consultada por El Universal, la ex comisionada del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy INAI, Jacqueline Peschard, dijo que el fiscal debería hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés por la relevancia que tiene su cargo.
En ese mismo tono se pronunció Diego Díaz Iturbe, director de la organización Impacto Legislativo, dedicada a los temas de transparencia.
Aseguró que este tipo de casos debilitan a las instituciones. “El comportamiento de Nieto Castillo ha sido reprobable desde que se postuló y le mintió al Senado. A pesar de la defensa hacia a él, no hay nada que pueda justificar que un funcionario de ese nivel le oculte información a la Cámara Alta”.
Señaló que el hecho de que no haya hecho pública su declaración patrimonial y su declaración de probable conflicto de interés es todavía más reprobable.
Díaz Iturbide fue más allá y consideró que el fiscal electoral debe renunciar al cargo, “porque no se le puede tener confianza a un hombre que debe vigilar que las elecciones sean limpias, cuando le mintió al Senado.
Además no le da a la ciudadanía la certeza de su declaración patrimonial o qué otros intereses tiene. Eso le hace daño al sistema político, a la FEPADE y a la credibilidad de las instituciones”, afirmó el director de Impacto Legislativo.
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| Santiago Nieto, titular de la FEPADE, sigue en el ojo del huracán. |
“No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”, se puede leer en la página de la Secretaría de la Función Pública, en la que se aclara que los formatos con la que el fiscal electoral entregó la información a la dependencia, fueron llenados por el propio servidor público.
En los datos que dio a la SFP, el fiscal en delitos electorales no reportó su relación con el PRD.
Entre la información que presentó a la SFP aparecen los relacionados a la actividad laboral que desempeñó en el Poder Judicial y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El funcionario omitió haber laborado más de un año como asesor con la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, antes de ser nombrado por la Cámara Alta como fiscal contra los delitos electorales.
De acuerdo con información dada a conocer por El Universal el pasado viernes 4 de diciembre, Nieto Castillo trabajó con los senadores del PRD hasta cuatro días antes de ser designado fiscal.
El diario publicó que el funcionario firmó un contrato por más de un millón de pesos para dar asesorías al grupo parlamentario del sol azteca en la Cámara Alta, y que esa misma fracción posteriormente formó parte del bloque de legisladores que lo aprobó para ser titular de la FEPADE.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, confirmó en su momento que el fiscal Santiago Nieto fue asesor de su bancada, previo a ser elegido en el cargo, y que recibía 60 mil pesos mensuales.
En su momento, el fiscal Santiago Nieto rechazó que exista conflicto de interés en su designación, porque cumplió con los requisitos legales y adicionales de la convocatoria emitida por el Senado.
El Senado eligió a Santiago Nieto con 95 votos en favor y una abstención, con el voto de todas las bancadas, incluso de la entonces senadora Arely Gómez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), actual procuradora General de la República.
Consultada por El Universal, la ex comisionada del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy INAI, Jacqueline Peschard, dijo que el fiscal debería hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés por la relevancia que tiene su cargo.
En ese mismo tono se pronunció Diego Díaz Iturbe, director de la organización Impacto Legislativo, dedicada a los temas de transparencia.
Aseguró que este tipo de casos debilitan a las instituciones. “El comportamiento de Nieto Castillo ha sido reprobable desde que se postuló y le mintió al Senado. A pesar de la defensa hacia a él, no hay nada que pueda justificar que un funcionario de ese nivel le oculte información a la Cámara Alta”.
Señaló que el hecho de que no haya hecho pública su declaración patrimonial y su declaración de probable conflicto de interés es todavía más reprobable.
Díaz Iturbide fue más allá y consideró que el fiscal electoral debe renunciar al cargo, “porque no se le puede tener confianza a un hombre que debe vigilar que las elecciones sean limpias, cuando le mintió al Senado.
Además no le da a la ciudadanía la certeza de su declaración patrimonial o qué otros intereses tiene. Eso le hace daño al sistema político, a la FEPADE y a la credibilidad de las instituciones”, afirmó el director de Impacto Legislativo.
lunes, 14 de diciembre de 2015
Congreso despilfarra 8 mil mdp en asesores, la mayoría familiares de diputados y senadores
En lista del personal de apoyo del Senado figuran hijos, novios y hasta choferes; para 2016 el gasto será 2 mil 60 mdp, un aumento de 6.6% con respecto a 2015.
La crisis económica que sufren a diario millones de mexicanos poco importa a los integrantes del Congreso de la Unión, aquellos que juraron ante la Constitución defender los intereses de las personas que votaron por ellos.
La crisis económica que sufren a diario millones de mexicanos poco importa a los integrantes del Congreso de la Unión, aquellos que juraron ante la Constitución defender los intereses de las personas que votaron por ellos.
Los legisladores federales, ya sea de la
Cámara de Diputados o del Senado, se sirven con la cuchara grande el
presupuesto que se les asigna, y no conformes con sus jugosos salarios, se
autorizan partidas especiales para contratar a sus parientes como “asesores”.
De acuerdo con información de Reforma, entre
2012 y 2016, el Congreso habrá gastado en asesores 8 mil 678 millones de pesos
del dinero de todos los mexicanos.
Señala que algunas asesorías son para
ayudar a los legisladores en la elaboración de leyes, dictámenes o análisis. En
otros casos, en la lista de “asesores” del Senado se incluyen a hijos, novios y
hasta choferes.
Por ejemplo, la perredista Iris Vianey
Mendoza tiene registrados como asesores a su hermano Freddy Mendoza y a su pareja
sentimental, Carlos Sotelo.
Otro caso es el del dirigente del sindicato
de Pemex, Carlos Romero Deschamps, quien mantiene en la nómina a Arturo Trejo
González, su chofer, con un salario de 20 mil pesos mensuales.
Sólo de 2012 al último día de este año, las
Cámaras de Diputados y Senadores desembolsaron 6 mil 618 millones de pesos para
asesores.
No conformes con eso, para 2016 los
legisladores ya tienen presupuestado gastar 2 mil 60 millones, un aumento de
128 millones respecto a lo gastado en este 2015.
Según las cifras incluidas en los anexos
del Presupuesto de la Federación, los legisladores han asignado esas partidas
para las remuneraciones al “Personal de Carácter Transitorio” y a “Servicios
Profesionales, Científicos y Técnicos”.
En el primer caso, se autorizaron
erogaciones por arriba de los 7 mil 247 millones de pesos.
Eso incluye contrataciones por asesorías,
consultorías, estudios y capacitación.
En el segundo rubro, el gasto asciende a
más de mil 430 millones de pesos para asesoría, consultorías, estudios,
capacitación y servicios de vigilancia, entre otros.
En total, en este periodo, el presupuesto
del Congreso para el pago de asesores creció en 57 por ciento, al pasar de mil
306 millones, en 2012, a más de 2 mil millones de pesos para 2016, recientemente
aprobados por la Cámara de Diputados.
El dinero destinado entre 2012 y 2016 a
asesorías permitiría la construcción de 29 hospitales como el que el Presidente
Enrique Peña inauguró en agosto en Apatzingán, con una inversión de 292.5
millones de pesos y que beneficiará a 174 mil habitantes, según la Presidencia.
También equivale casi al presupuesto anual
asignado a la UNAM en 2015, que es de 8 mil 167 millones de pesos. En el caso
de la SEP, una cantidad menor sirvió para el “Programa Nacional de Becas”, con
7 mil 847 millones de pesos.
Estado México, Michoacán, Tabasco y Veracruz: paraíso de delincuentes que roban combustibles a Pemex
Además del impacto ecológico y la corrupción que genera, el robo de combustible causa pérdidas económicas a las arcas públicas del orden de los 40 mil millones de pesos, anuales
En cuatro estados del país el crimen organizado cometió la mayoría de los robos de combustible a Petróleos Mexicanos, informó la empresa productiva del Estado.
Según reportes de Pemex, el número de tomas clandestinas creció de enero a noviembre de 2015, un 55 por ciento respecto al mismo periodo de 2014.
En 2014 la cifra fue de 3 mil 286 tomas mientras que en este 2015 se descubrieron 5 mil 91 perforaciones a ductos por los que se transportan gasolinas.
Pemex reveló que en noviembre de este año el número de tomas clandestinas aseguradas supera ya a las 3 mil 674 descubiertas el año pasado.
También destacó que a pesar de las medidas que ha implementado para abatir el robo de sus combustibles en las líneas de transportación, el 58% por de estos se cometieron en los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Jalisco.
Otras entidades con un número importante de tomas ilegales son Estado México, Michoacán, Tabasco y Veracruz, las cuales suman mil 545.
En febrero Pemex anunció un plan para desincentivar la ordeña: dejaría de transportar gasolinas terminadas por los ductos y las movería por tierra.
La medida no funcionó debido a que sus vehículos de carga fueron objeto de una serie de asaltos carreteros.
Pemex calcula que de enero a noviembre de este año perdió más de nueve millones de barriles de combustible a manos del crimen organizado que mueve en el mercado negro, 27 mil barriles diarios de gasolinas y diésel.
Además del impacto ecológico y la corrupción que genera, el robo de combustible causa pérdidas económicas a las arcas públicas del orden de los 40 mil millones de pesos, anuales.
En cuatro estados del país el crimen organizado cometió la mayoría de los robos de combustible a Petróleos Mexicanos, informó la empresa productiva del Estado.Según reportes de Pemex, el número de tomas clandestinas creció de enero a noviembre de 2015, un 55 por ciento respecto al mismo periodo de 2014.
En 2014 la cifra fue de 3 mil 286 tomas mientras que en este 2015 se descubrieron 5 mil 91 perforaciones a ductos por los que se transportan gasolinas.
Pemex reveló que en noviembre de este año el número de tomas clandestinas aseguradas supera ya a las 3 mil 674 descubiertas el año pasado.
También destacó que a pesar de las medidas que ha implementado para abatir el robo de sus combustibles en las líneas de transportación, el 58% por de estos se cometieron en los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Jalisco.
Otras entidades con un número importante de tomas ilegales son Estado México, Michoacán, Tabasco y Veracruz, las cuales suman mil 545.
En febrero Pemex anunció un plan para desincentivar la ordeña: dejaría de transportar gasolinas terminadas por los ductos y las movería por tierra.
La medida no funcionó debido a que sus vehículos de carga fueron objeto de una serie de asaltos carreteros.
Pemex calcula que de enero a noviembre de este año perdió más de nueve millones de barriles de combustible a manos del crimen organizado que mueve en el mercado negro, 27 mil barriles diarios de gasolinas y diésel.
Además del impacto ecológico y la corrupción que genera, el robo de combustible causa pérdidas económicas a las arcas públicas del orden de los 40 mil millones de pesos, anuales.
viernes, 11 de diciembre de 2015
Preocupa que la corrupción impere en nuevo sistema penal acusatorio
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación externó su preocupación de que en el nuevo sistema acusatorio oral que entrara en vigor en junio de 2016, imperen los formulismos y artimañas que por décadas han plagado los juicios.
El Ministro Luis María Aguilar dijo durante su primer informe de labores que será responsabilidad de todas las autoridades, ministerios públicos, policías investigadores y jueces, acompañar la reforma en su espíritu.
Serán los responsables de construir una justicia real, objetiva, sustentada en actuaciones que dejen de lado “fórmulas de tinterillos y formulismos sacramentales, para desterrar los recovecos en sus decisiones y penetrar en la solución material del conflicto penal para que la verdad sea esclarecida", puntualizó.
Destacó que nadie puede ni debe influir en las decisiones de los impartidores de justicia, porque la justicia no es una labor burocrática; es el mejor antídoto contra la violencia, advirtió.
Sostuvo que en el Poder Judicial de la Federación no hay ni habrá espacio alguno para la corrupción.
Ante los plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró que los impartidores de justicia deben tomar como único referente la Constitución y defender los derechos que en ella se reconocen.
“Los jueces solo podemos atenernos a lo que la norma suprema nos exige y nos impone, más allá incluso de nuestras propias convicciones.
“Lo he dicho y lo reitero convencido, si un juez de cualquier nivel o competencia no es independiente es sólo un mandadero, un escribano de alguien, pero de ninguna manera un juez”.
La justicia, agregó el presidente de la Corte, no es un accesorio de la convivencia ni una labor burocrática.
“La Impartición de justicia es un elemento fundamental de la convivencia social y del Estado Democrático de Derecho”, expuso.
En su primer informe, Aguilar Morales reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y la implementación total de la impartición de justicia.
En tanto, señaló que a 191 días de que se implemente la reforma penal en todo el país, se logró que ya en Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala se trabaje con el Nuevo Sistema, y se trabaja para que el próximo 29 de febrero estén en funcionamiento salas de juicio oral en 9 entidades más, o sea en el Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, Colima, Tabasco, Quintana Roo y Morelos.
“Las salas de Justicia Oral Acusatoria son metas que más allá de su existencia normativa, son realidades materiales y concretas, inmuebles e instalaciones especiales que permitan satisfacer las necesidades de este nuevo sistema penal.”, mencionó.
Para junio próximo, adelantó, en todo el país habrá hasta 86 Salas de Juicios Orales, al menos una por cada entidad de la República.
miércoles, 9 de diciembre de 2015
La corrupción mueve la economía mexicana, por eso no se le combate

La sanción social a las prácticas de corrupción es inexistente; al contrario, se alientan y encomian: el que da una “mordida” o consigue un contrato a través de prebendas
Ser el país más corrupto del mundo no nos
suena difícil, pues estamos acostumbrados al argumento. Solemos percibir a la
corrupción como un mal endémico, tan nuestro como la sangre mestiza y tan
arraigado como el consumo de maíz. Una realidad tan cierta que cuestionarla,
confrontarla, resulta inútil.
De acuerdo al Índice de Percepción sobre
Corrupción que realiza Transparencia Internacional, México se encuentra en el
lugar 105 entre 176 naciones. En el espejo de la corrupción nos vemos igual que
Kosovo, Mali, Filipinas y Albania.
A esta percepción se suma el valor positivo
de la corrupción como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de
justicia y factor para que las cosas funcionen.
La sanción social a las prácticas de
corrupción es inexistente. Por el contrario, se alientan y encomian: el que da
una “mordida” o consigue un contrato a través de prebendas, es hábil, tiene
“colmillo”, sabe su negocio.
Por eso es que dentro del inmenso catálogo
de problemas nacionales, la corrupción no pinta. Es tan inherente al paisaje
que atacarla parece ocioso. Sólo así se entiende que la Comisión Nacional
Anticorrupción siga en el tintero, y el titular de la Secretaría de la Función
Pública sea un encargado del despacho.
Si tomamos en cuenta las estimaciones del
Banco Mundial, la corrupción le cuesta a México 9% del PIB cada año, es decir,
dos puntos más que la fortuna de Carlos Slim. Si preferimos las estimaciones
del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la cifra alcanza el 20%
del PIB, en otras palabras, la quinta parte de lo que producimos se diluye,
filtra y trasmina en corruptelas.
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