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| Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro |
Ciudad de México, 14 de marzo de 2016.- En el escandaloso caso del diputado migrante de Chiapas cuya elección constituyó un burdo fraude electoral, apareció el nombre de un integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral: Marco Antonio Baños Martínez, quien supuestamente tiene vínculos con Manzur Salomón Molina, director de la empresa DSI Elecciones, acusada de participar en la maquinación chiapaneca, informó este lunes el diario Contra Poder en Chiapas.
El fraude chiapaneco consistió en que miles de ciudadanos residentes en Chiapas fueron incluidos en una lista de electores en el extranjero, lo cual propició que cuando muchos de ellos acudieron a las urnas se encontraron con la sorpresa de que no estaban en las listas de sus respectivas casillas, porque el Instituto Nacional Electoral los dio de baja de la lista nominal correspondiente a los distritos de Chiapas. En cambio, se recibieron sufragios de lugares tan lejanos como Vietnam, Angola y Liberia.
Como consecuencia, el diputado migrante “elegido”, Roberto Pardo Molina (Partido Verde), fue desaforado por el Congreso chiapaneco, cuando se reveló el fraude, en el cual participaron la empresa DSI Elecciones (de Manzur Salomón Molina, primo del ganador) y Vanish. Además, tres los consejeros estatales responsables fueron destituidos.
Baños Martínez, quien ha sido señalado por su cercanía con el PRI, fue uno de los cuatro consejerosdel INE que evitaron la destitución de todos los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC). En contra del proyecto original de resolución del INE, que incluía el cese de todos los chiapanecos, votaron también Javier Santiago, Benito Nacif y Enrique Andrade.
Aunque la mayoría de los integrantes del Consejo General del INE votó por la destitución de todos los consejeros chiapanecos, esta no ocurrió porque la ley establece que para esa decisión se requiere votación calificada de ocho consejeros al menos y este número sólo se reunió para tres de los siete integrantes del IEPC.
Tras de informar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (Fepade) abrió una averiguación previa sobre ese asunto, el diario Contra Poder en Chiapas señaló este lunes:
“La investigación de la Fepade tiene que tomar otros rumbos de la investigación, en la que van a ser involucrados desde el consejero del INE Marco Antonio Baños, por su estrecha relación de amistad e intereses con Manzur Salomón Molina, director de la empresa DSI elecciones, así como otros funcionarios del INE”.
El periódico chiapaneco publicó este lunes una nota informativa y un editorial escrito por José Adriano Anaya sobre este tema.
A continuación, la nota informativa del diario Contra Poder en Chiapas:
El fraude electoral en la elección del diputado migrante en Chiapas, de un escándalo político se transformó en una investigación judicial en virtud de que la PGR abrió la Averiguación Previa 1100//FEPADE/2015 y su acumulado 1100//FEPADE/2015, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la ProcuraduríaGeneral de la República, cuya indagatoria está a cargo de la Agente del Ministerio Público Lisístrata Azamar Martínez, en la que están denunciados como probables responsable en la comisión de delitos electorales los aún consejeros María de Lourdes Morales Urbina, Lilly de María Chang Muñoz, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López (que en cualquier momento deberán renunciar al IEPC), y los consejeros removidos Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez y María Esther López Morales, estos últimos interpusieron sendos recursos de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la “RESOLUCIÓN FRANKESTEIN” del 19 de febrero de 2016, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuyas incongruencias son tan evidentes, que la resolución seguramente vendrá favorable.
De la investigación, se señala que el consejero del INE Marco Antonio Baños Martínez tiene fuertes lazos de amistad e intereses con Manzur Salomón Molina (director de la empresa contratada), la cual ya se vio afectada por la orden de aprehensión librada en contra de este último.
De igualmanera se investiga como presunto responsable a Jesús Moscoso Loranca, ex secretario ejecutivo del Consejo Local, hoy asesor de la todavía presidenta.
El problema que dio lugar a la averiguación previa y denuncia de los Consejeros Locales, fue que las ciudadanas Karina Gálvez Roblero y Zaira Beatriz López Arévalo, denunciaron que en la jornada electoral para renovar los Ayuntamientos y el Congreso del estado de Chiapas, celebrada el diecinueve de julio de dos mil quince, estuvieron impedidas para emitir su voto porque fueron “indebidamente incluidas en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero del estado de Chiapas”.
Ello nos lleva a realizar las siguientes preguntas: ¿Qué razones llevaron a la adjudicación directa?, ¿Quién recomendó a la empresa DSI Elecciones, S.A. de C.V.?. ¿Quién suscribió el contrato de adjudicación-prestación de servicios con costo de trece millones de pesos?, etcétera.
De acuerdo con la versión de uno de los consejeros removidos por el acuerdo del INE, la adjudicación directa se llevó a cabo porque la aún presidenta se negó a la licitación por la supuesta falta de solvencia económica del Instituto Local,inclusive, en repetidas ocasiones sus pares le pidieron por escrito que informara sobre las finanzas y se negó a hacerlo.
Fueron Jesús Moscoso Loranca, Natividad Gallardo Ramos, Daniel Aguilar Ochoa, José Culebro Castellanos, Jacob Curi Álvarez, Leandro Baldomero Urbina Zenteno y Miguel Trujillo López, quienes por oficio de 27 de febrero de 2015, textualmente RECOMENDARON a la empresa DSI Elecciones, S.A. de C.V., a la todavía presidenta María de Lourdes Morales Urbina, y ésta lo puso a consideración de los consejeros locales, no sin antes haber realizado una inusual presentación en la sala de presidencia según se observa de las grabaciones que llegaron a esta periódico y donde se observa sumamente interesada en su aprobación. Los recomendantes son personas que dependían linealmente de la consejera presidenta, llegaron con ella, gente de su confianza. El contrato de adjudicación directa de 4 de octubre de 2015,lo suscribió Víctor Hugo Gordillo Méndez en su carácter de Director de la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso, y por instrucciones de la citada presidenta, sin dar a conocer a los 6 consejeros restantes su contenido y anexos para su aprobación, según consta en actas, y fueron éstos quienes exigieron a la presidenta que se los hiciera llegar y ésta se negó a entregar, y eso consta en actas que tiene en su poder la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
El tema de responsabilidad penal apenas comienza y seguramente se presentaran cambios de rumbo, en razón que de las diversas pruebas exhibidas en la averiguación previa se arrojan datos que abren una fuerte línea de investigación en contrade María de Lourdes Morales Urbina, Jesús Moscoso Loranca, Víctor Hugo Gordillo Méndez y Amable Mendoza de los Santos, quienes en los próximos días viajaran a la Ciudad de México a declarar en calidad de presuntos responsables, y deberán ser muy cuidadosos para no incurrir en el delito de falsedad de declaraciones. Sobre todo porque en la FEPADE existen documentos comprometedores que ponen en evidencia el interés de la presidenta de crear un ambiente en las elecciones, desfavorable para la práctica democrática.
La Presidenta del IEPC y sus colaboradores mencionados, presuntamente incurrieron en serias ilegalidades que de comprobarse en la investigación de la FEPADE, posiblemente la resolución sea la prisión, acusadas de un delito grave, como asociación delictuosa.
Para la investigación de la FEPADE, el tema que sigue es el “borrado lógico”, que es un acuerdo para que borre toda la información después de ocho días. En este sentido las preguntas naturales para el curso de las investigaciones de la FEPADE son: ¿Quién aprobó el borrado lógico?, ¿Qué intención tenía el borrado lógico?, ¿Quién es el responsable del borrado lógico?, ¿De dónde se realizaron las solicitudes de inscripción?, entre otras preguntas a contestar. En la que se presume, que este escándalo político-investigación judicial, alcanzará a otras dependencias como el INE y el registro nacional de electores.
Con información de Aristegui Noticias.
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