lunes, 29 de febrero de 2016

Paga el gobierno millones en viajes VIP

SCT gastó más de un millón en dos periplos a China; subsecretaria de SG compra boleto de avión de 200 mil pesos





Ciudad de México, 29 de febrero de 2016.- Después de la revocación del contrato para el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y dos miembros más de su equipo viajaron a China para aligerar la tensión con la empresa que tenía el contrato ganador. Los tres funcionarios se hospedaron en el hotel China World Summit Wing, y dormir ahí cuesta entre seis mil y 12 mil pesos por noche.

Al proyecto fallido se le sumaron 605 mil pesos de boletos de avión. En total, ese primer viaje para aminorar el golpe costó 667 mil 414 pesos. Dos semanas más tarde regresarían al país asiático, por tres días, con el mismo objetivo.

En total los viajes, incluyendo boletos de avión y hospedaje, costaron más de un millón de pesos. Así, funcionarios gastan en hoteles de cinco estrellas, aviones en business class, vacunas en hospitales privados, tintorería, cenas o viajes que no presentan justificación alguna.

La Unidad de Periodismo de Datos de EL UNIVERSAL consiguió los reportes de 237 viajes internacionales que realizaron 38 funcionarios públicos entre 2012 —todavía del gobierno de Felipe Calderón— y hasta el actual sexenio.

Boletos de avión que superan los 250 mil pesos para llegar a lugares como China o los Emiratos Árabes. Facturas de hospedajes de 90 mil pesos por cuatro días en Japón o 50 mil por nueve noches en dos hoteles ubicados en el corazón de Nueva York, además de comidas por 20 mil pesos en París y Londres fueron los gastos de los funcionarios en esos tres años.

En total, estos 237 viajes costaron al gobierno federal 14 millones 478 mil pesos.

Las secretarías de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos (Pemex) son algunas de las 27 dependencias que entregaron su información.

Entre los gastos extra que pueden facturar los funcionarios también están los servicios de tintorería, propinas, centros de convención y taxis. Enrique Martínez y Martínez, ex titular de Sagarpa, hizo un viaje en marzo de 2015 a Madrid, España. En el formato que entregó a la dependencia incluyó 11 mil 200 pesos por tintorería y lavandería, pero no presentó facturas.

El millón del fracaso
En noviembre y diciembre de 2014, el secretario Gerardo Ruiz Esparza, Pablo Suárez Coello y el capitán Miguel A. Hernández Hernández hicieron dos viajes a China. Su objetivo: reunirse con funcionarios del sector ferroviario para hablar del proyecto del Tren México-Querétaro. Los tres funcionarios acudieron a explicar por qué se estaba cancelando el contrato.

Una multa de 16 millones de pesos por revocar la licitación y dos viajes con un costo total de un millón 192 mil pesos fue el resultado de esta operación fallida.

Sólo en los boletos de avión de los tres servidores se hizo un gasto de un millón 85 mil pesos. El secretario Ruiz Esparza fue el que ocupó las tarifas más altas: sus boletos costaron 235 mil y 290 mil pesos en cada viaje.

El costo por el hospedaje en el hotel China World Summit Wing y el Grand Hyatt Beijing más gasto en alimentos fue de 107 mil pesos.

El campo en el extranjero

Francisco Javier Mayorga Castañeda, último secretario de Agricultura del sexenio de Felipe Calderón, y Enrique Martínez y Martínez, titular del mismo ramo a principios de este sexenio, estuvieron entre 2012 y 2015 en lugares como Suiza, Francia, Rusia, China, Japón y Estados Unidos.

La dependencia encargada de mejorar la productividad en el campo de México, que es una de las áreas más desprotegidas, gastó 924 mil 532 pesos en nueve viajes. Tres de estos tienen un motivo: “Giras de trabajo” y la Reunión Anual del Foro Económico Mundial de 2012 en Davos, Suiza. Mayorga fue el que asistió en esa ocasión. Su viaje costó 174 mil 638 pesos, de los cuales 135 mil fueron sólo de avión.

El funcionario Martínez y Martínez viajó a finales de 2014 a Beijing, China. En el motivo del viaje sólo informa que fue una “gira de trabajo”. Solo se comprobó el gasto de 12 mil 358 pesos, de los cuales nueve mil correspondían a lavandería y el uso del centro de negocios.

El hotel famoso de China

Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, viajó del 6 al 17 de noviembre de 2014 a Beijing, China, y a Brisbane, Australia.

El motivo de su comisión fue “participar en la gira de trabajo” que realizó el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la Reunión de Líderes Económicos APEC 2014, en China, así como en la Cumbre del G20, en Australia.

De acuerdo con datos entregados por la misma dependencia, “se firmaron 14 acuerdos bilaterales que en total suman más de 7 mil 400 millones de dólares, de los cuales se refieren a la creación de un fondo binacional de inversión de 2 mil 400 millones de dólares, que servirá para que empresas de ambas naciones inviertan en energía, minería, infraestructura, manufactura de alta tecnología y turismo”.

El secretario se hospedó en el mismo hotel que los funcionarios de la SCT: el China World Summit Wing, que es considerado, según el propio hotel, de cinco estrellas Luxury.

En Brisbane, el funcionario se hospedó en el Hotel Hilton, de cinco estrellas, y cuya estancia costó 32 mil pesos por cuatro noches.

Derechos Humanos cuestan caro

El 5 de marzo de 2013, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos realizó un informe de la Comisión Internacional que la entonces subsecretaria Lía Limón hizo del 12 al 15 de marzo de 2013. El objetivo de la comisión: participar en sesiones de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por esta visita, hecha a Washington D.C., en Estados Unidos, la funcionaria, hoy diputada federal del PVEM, viajó en un avión con un costo de 19 mil 132 pesos. Y por las tres noches en el hotel Westin Hotel & Resorts se pagaron 21 mil 34 pesos.

La compra de este boleto y de otros más hechos por la oficina de la ex funcionaria fue con menos de cinco días de anticipación. Tal fue el caso de un boleto redondo a Nueva York, que utilizó del 12 al 14 de mayo de 2013. El costo total del pasaje fue de 23 mil 517 pesos. Y al menos uno de los vuelos fue en clase premier.

Una de sus salidas más costosas fue el viaje a Ginebra, Suiza, en septiembre de 2014. Este pasaje costó 203 mil 544 pesos. Pero hubo otros más. Uno por 148 mil 602 pesos y otro por 97 mil 450 pesos. Todos comprados a través de la agencia Viajes Premier.

Una de las estancias de Lía Limón fue en el Hotel des Indes —http://www.hoteldesindesthehague.com/—, cuya habitación pagó el gobierno mexicano a través de la Embajada de México en La Haya, Holanda. El costo por noche de esta habitación fue de 320 euros, es decir, alrededor de 6 mil pesos la noche. “El motivo del viaje fue una oportunidad para la Secretaría de Gobernación, toda vez que el intercambio de buenas prácticas se reflejará en el fortalecimiento integral de las políticas públicas que en materia de derechos humanos se emprenden desde esta dependencia”, redactó Lía Limón.

Denuncian en ASF fraude en Pemex por $271 mil millones

No rindieron cuentas sobre el Fideicomiso al Pasivo Laboral y de Vivienda: Unttyp; exige a la Auditoría Superior de la Federación fincar responsabilidad penal a involucrados

Ciudad de México, 29 de febrero de 2016.- Un fraude al Fideicomiso de Cobertura al Pasivo Laboral y de Vivienda (Ficolavi) de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que supera los 271 mil 751 millones de pesos, fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados.

La denuncia presentada por la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) señala que nunca se rindieron cuentas sobre este fideicomiso por parte de Pemex, la fiduciaria y el comité técnico que operó desde el inicio el fondo.

El gremio demanda que la ASF finque responsabilidades de carácter penal contra los funcionarios de diferentes administraciones de Pemex, que durante tres décadas incumplieron con el manejo de estos recursos, y todos aquellos que estuvieron involucrados en la operación de los mismos.

El oficio Untypp-SG-26/2015 sostiene que quienes manejaron estos fondos incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones legales. Añade que el mismo se constituyó desde octubre de 1989, con la finalidad de respaldar las jubilaciones y las primas de antigüedad por separación y los pagos a los pensionarios y beneficiarios, por lo que no hay ningún motivo para que el pasivo laboral de Pemex se convierta en deuda pública, que el pueblo tendría que pagar.

La denuncia, presentada ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, agrega que para la constitución del fondo Pemex entregó la cantidad de 271 mil 751 millones, por cartera de saldos deudores a cargo de los participantes registrados. Monto que se incrementó a lo largo de los años por las aportaciones de empresa y trabajadores, y los rendimientos derivados de la inversión de los recursos. En contraparte, también se usaron dichos fondos para el pago de las pensiones.

La Untypp –que encabeza Moisés Flores Salmerón– argumenta que sin haberse nunca dado a conocer a los trabajadores petroleros la situación de dicho fideicomiso, en el decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto, en 2015, el gobierno federal mandata a la ASF realizar unaauditoría específica respecto del pasivo laboral de Pemex y sus subsidiarias, a fin de identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y las determinantes de la evolución del mismo.

Resultado de la investigación, esta instancia señala en la página 22, referente a las conclusiones, que el Ficolavi ya no recibió aportaciones desde el ejercicio 2014, y este fideicomiso y el Fondo Laboral de Pemex (Folape), debido al crecimiento del pasivo laboral de la empresa, no podrán cumplir con los compromisos para los que fueron creados.

La ASF recomendó por tanto una revisión a las prestaciones.

Deficiencias

Sin embargo, en los apéndices del informe de este organismo se establece en el punto 8 que hubo deficiencias de tipo operacional y de control con referencia a la revisión y validación del pasivo laboral. Mientras que en el punto 6 se indica que estos recursosno fueron fondeados, por lo que Pemex no contó con un fondo de reserva que permita solventar a mediano y largo plazos los compromisos con los jubilados.

Por tanto, dicha unión sostuvo que el pago de pensiones de los jubilados petroleros no debe convertirse en deuda pública, esquema con el que quieren tapar el fraude a estos fondos. Exige se integren al fondo de pensiones Ficolavi todo el dinero invertido y los intereses que generó; la rendición de cuentas por parte de la administración de Pemex, la fiduciaria y el comité técnico desde el inicio del fondo, porque son corresponsables del manejo de estos recursos; que se haga el fondeo de los activos, entre otros.

En el oficio enviado a la Cámara de Diputados se pide a los legisladores que exijan a la ASF cumplir con el decreto ya referido, el cual establece que esta instancia debe proceder al fincamiento de las responsabilidades que correspondan en el caso de encontrar malos manejos.

La Untypp presume que la situación financiera de quebranto que tiene Pemex se debe al desvío de los recursos y su manejo irregular por las diferentes administraciones.

Con información de La Jornada.

sábado, 27 de febrero de 2016

La corrupción encabeza el Inmujeres

El dispendio escandaloso, el uso político de las instituciones y la corrupción despachan en la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Documentos recabados a través de la plataforma Méxicoleaks y testimonios evidencian que la cabeza del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, ha despedido a 73 funcionarios que no le resultaban cómodos, ha gastado dinero público a raudales, usado parte del erario para costear gastos de amigas, e incluso bloqueó una iniciativa que pudo haber salvado la vida de mujeres mexiquenses




Ciudad de México, 27 de febrero de 2016.- Abusos laborales, despilfarro de recursos públicos, favoritismo, entrega amañada de contratos y nulo compromiso con la igualdad de género marcan la gestión de Lorena Cruz Sánchez al frente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), según se desprende de documentos oficiales recibidos a través de la plataforma Méxicoleaks.

Una muestra: en noviembre de 2014 y agosto de 2015 Cruz Sánchez otorgó dos contratos por un monto de 833 mil 620 pesos para “servicios de asesoría y acompañamiento”. La beneficiaria de dichos contratos fue Martha Vianey Luque Inzunza, cirujana dentista por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Eso sí, tiene el mérito de ser suplente de la senadora María Elena Barrera Tapia, electa en 2012 por el distrito de Toluca bajo la bandera del PVEM.

Cara le ha salido al Inmujeres la política laboral de su presidenta, quien ha hecho su carrera política al amparo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel y del actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto.

En los tres años que lleva al frente de la instancia encargada de promover la igualdad de género en el país, Cruz Sánchez ha despedido a 73 “puestos de mando” con un costo para el erario de más de 32 millones de pesos, equivalente a 10% de sus gastos de operación durante 2015.

Despidos “por acuerdo mutuo”

Los documentos filtrados a través de Méxicoleaks establecen que entre 2013 y 2015 fueron liquidados “por acuerdo mutuo” cinco directores generales, cuatro directores generales adjuntos, 19 directores de área, 32 subdirectores de área, 10 jefes de departamento y tres enlaces; entre ellos, personas que apoyaron la denuncia laboral de una trabajadora contra Norma Angélica Contreras Félix, quien hasta julio pasado era directora general adjunta de Asuntos Internacionales.

Los montos de las liquidaciones variaron de 92 mil 674 pesos a 1 millón 112 mil pesos y sumaron un total de 32 millones 973 mil pesos, ya que varias de las personas despedidas llevaban laborando en el Inmujeres más de una década.

Los despidos fueron resultado de hostigamientos, abusos y humillaciones sistemáticos por parte de la presidenta y su círculo cercano de colaboradoras, explica a Proceso una extrabajadora del Inmujeres que aceptó hablar a condición de que su nombre no apareciera, pues a raíz de su liquidación –el año pasado– consiguió otro puesto en la administración federal.

El 10 de febrero de 2015 Nora Alejandra Hernández Pineda, trabajadora de Inmujeres, presentó una denuncia contra Contreras ante el Comité de Actuación para dar Atención Administrativa de Prevención y Atención a Acoso Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual del Instituto. En la denuncia –de la que Proceso tiene copia–, Hernández Pineda señala que fue “víctima y testigo a su vez de actitudes de discriminación y violencia hacia mi persona y a otras personas, situación que antes en el área jamás se había presentado, jamás, bajo ninguna autoridad”.

Y enumera los abusos: “maltrato verbal”, “menosprecio” a su trabajo, “amenazas directas” de despido y otros actos “absolutamente violatorios a todas las normas que el instituto conoce y promueve”.

En la denuncia aparece una lista de seis personas que fueron corridas por la funcionaria, así como de otra que renunció al área de Asuntos Internacionales.

Por su parte, la extrabajadora relató a este semanario que ocho personas se presentaron como testigos ante el comité y abundaron en el sentido de la quejosa. El órgano sancionó a Contreras con cinco días de suspensión y abrió cinco nuevos procesos a raíz de los testimonios recabados, por lo que Contreras tuvo que salir del Inmujeres.

Pero pocos meses después de este caso, Naina López, asesora jurídica del instituto y quien había apoyado a la quejosa; Rafael Padilla, director de Recursos Humanos y quien presidió el comité; Minerva Melgoza, directora de Cultura Institucional, y Minerva del Riego, directora de área de Asuntos Internacionales y quien también había aportado su testimonio, fueron removidos de sus cargos.

Dinero para lucimiento

Los documentos obtenidos a través de Méxicoleaks detallan las erogaciones del Inmujeres durante el 59 Periodo de Sesiones sobre la Condición de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede la ONU en Nueva York en marzo de 2015.

Los integrantes de la comitiva mexicana recibieron del Inmujeres un promedio de 360 dólares diarios para alimentación y hospedaje en el hotel ONE Millenium, a una cuadra y media de la sede de la ONU. Pero Cruz Sánchez y su “asesora” Santa Alma Luz Calderón Salgado –quien fue funcionaria en el Estado de México durante 30 años– recibieron 630 dólares diarios, cada una, por los mismos conceptos.

Según la extrabajadora entrevistada, la diferencia se debe a que Cruz prefirió hospedarse en el hotel Sofitel, en la avenida Lexington, donde además de a su “asesora” también alojó a su hija y a sus padres, cuyas habitaciones fueron pagadas con recursos del Inmujeres. Durante la estancia en Estados Unidos, abundó la mujer, Calderón Salgado –quien no tenía acreditación para asistir a las conferencias– cuidó a la hija de Cruz.

Feminista dudosa

El 17 de enero de 2013, la oficina de Enrique Peña Nieto emitió un comunicado en el que oficializó el nombramiento de Cruz a la cabeza del Inmujeres. El anuncio provocó reacciones indignadas entre las organizaciones feministas, las cuales denunciaron un proceso de designación amañado que desembocó en un “dedazo” presidencial.

Titular de una licenciatura en administración de empresas por la UAEM, Cruz inició su carrera política en el gobierno mexiquense de Arturo Montiel como directora general del DIF estatal, instancia presidida por Maude Versini, entonces esposa del mandatario.

Cuando en 2006 Peña Nieto asumió como gobernador en ese estado, trasladó a Cruz a la Secretaría de Desarrollo Social estatal y en 2007 la puso a la cabeza del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

En esta instancia Cruz operó para impedir a toda costa –incluso con mentiras– que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, pues hacerlo afectaría la imagen del candidato Peña Nieto y dificultaría sus planes para llegar a Los Pinos, según documentó el periodista Humberto Padgett en un reportaje publicado en agosto de 2015 por el portal Sinembargo.

El 11 de enero de 2011 se reunieron los representantes de las dependencias que integran el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con el fin de determinar si se formaría un comité de expertos que, a su vez, decidiría declarar o no la AVG en la entidad, tal como lo pedían organizaciones defensoras de derechos humanos.

Durante la sesión, Lorena Cruz dejó a Martha María del Carmen Hernández Álvarez –su asesora jurídica– la tarea de bloquear la propuesta. Ella declaró que la solicitud de las organizaciones buscaba llevar “a primera plana a una persona que lo único que tiene de mal es el hecho de que sea carismático o que lo ven como un enemigo a vencer”, en referencia a Peña Nieto.

Cruz respaldó el discurso de Hernández, al reiterar que “la época en que nosotros estamos es año electoral”.

Según Padgett, Hernández presentó a la audiencia cifras amañadas –no cuadraban con las bases de datos oficiales de la Secretaría de Salud y utilizaban una metodología engañosa– y, durante su exposición, no pronunció una sola vez la palabra “feminicidio”.

La propuesta de formar un comité de expertos fue rechazada con 20 votos en contra, entre los cuales figuraban todas las directoras de institutos de la mujer de estados priistas y Lorena Cruz.

La académica y feminista Alicia Elena Pérez Duarte fue una de las voces más críticas contra el nombramiento de Cruz, debido al desempeño de ésta como “encubridora de la violencia contra las mujeres” en el Estado de México y por su “completa incapacidad de entender de los derechos humanos de las mujeres”.

Tres años más tarde, la exfiscal de delitos contra mujeres de la Procuraduría General de la República lamenta, en entrevista con Proceso, que “Lorena Cruz llegó a correr a personas que tenían trabajando ahí desde el Programa Nacional de las Mujeres (1995-2000), sin ponerse a evaluar quiénes eran”, mientras que “a personas con inhabilidad comprobada las dejó”.

Pérez subraya que el Inmujeres “dejó de tener una posición de liderazgo en la política pública” de igualdad de género, citando como ejemplos la desarticulación de estrategias de prevención.

En materia de violencia de género, México presenta cifras alarmantes: un feminicidio ocurre cada tres horas y 20 minutos en el país –con una tasa de impunidad de 98.4%–, una violación sexual es perpetrada cada nueve minutos –las víctimas denuncian solamente una décima parte de ellas–, y una de cada cuatro niñas es abusada sexualmente durante su adolescencia.

Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, seis de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de violencia de género durante 2012, cuatro de cada 10 fueron agredidas por su pareja, y 15% de las mujeres reportaron que sufrieron alguna agresión pública.

El pasado 22 de septiembre, el relator especial de las Naciones Unidas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), Zou Xiaoqiao, determinó que México incumplió con cinco recomendaciones que el comité emitió en 2012.

Entre ellas, el comité señaló las inconsistencias de la política de género en materia de desaparición forzada, observó que los protocolos para emitir las alertas Ámber y Alba bloquean la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y denunció que el Estado no armonizó las leyes en materia de aborto legal.

Con infoirmación de Proceso.

viernes, 26 de febrero de 2016

Banda obligaba a niño de 8 años a robar

La encargada de la Unidad Especializada dijo que el menor le refirió que los integrantes de la banda lo golpeaban si no lo obedecía

El menor refirió que era obligado por una banda que describió como Cholos. Foto propiedad de Cuartoscuro


Ciudad de México, 26 de febrero de 2016.- Un niño de 8 años quien presuntamente era obligado a robar por una banda fue resguardado por Elementos de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila, tras un reporte hecho por un taxista a quien le robó 200 pesos.

El afectado solicitó la presencia de la policía en la colonia La Carolinas, el taxista refirió que el menor iba acompañado de otro que logró darse a la fuga.

El menor fue trasladado a las oficinas de la Unidad Especializada, la encargada de la dependencia, Graciela Caballero, dijo que el niño le refirió que era obligado a robar por una banda que describió como Cholos, no mencionó nombres, ni lugares.

Dijo que el pequeño aseguró que los integrantes lo golpeaban si no obedecía, ni la madre ni el padre se hacían cargo de él, una tía es quien tiene la tutoría del menor, pero trabaja y no lo cuida.

El menor presenta omisión de cuidados y huellas de golpes en diversas partes del cuerpo, pese a caer en varias incongruencias en sus declaraciones, las autoridades investigarán el caso.

Con información de La Silla Rota

Legisladores, en la curul de los acusados


Al menos 43 legisladores federales han sido acusados en la última década por vínculos con el crimen; expertos ven que nueva ley antifuero facilitaría que sean castigados o limpien su nombre

A la izquierda el diputado Carlos Lomelí (tomada de Facebook); al centro la diputada Lucero Sánchez (archivo El Universal); a la derecha el ex diputado panista Jorge Villalobos (tomada de Facebook) 








Ciudad de México, 26 de febrero de 2016.- El caso de la llamada Chapodiputada local panista, Lucero Guadalupe Sánchez López —presuntamente ligada al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán—, reabrió el debate sobre flexibilizar la figura del fuero, que dificulta abrir un proceso penal contra funcionarios acusados de algún delito grave. La iniciativa está por cumplir tres años en la congeladora en el Senado.

Una revisión documental realizada por EL UNIVERSAL muestra que al menos 43 diputados federales y senadores de las últimas tres legislaturas del Congreso de la Unión han enfrentado señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, pero sólo uno ha sido desaforado: Julio César Godoy Toscano (PRD), quien hoy sigue prófugo de la justicia.

Víctor Alarcón Olguín, maestro en Gobierno por la Universidad de Notre Dame, dice que “es valioso [que se retome la iniciativa sobre el fuero], pero ya no es suficiente, porque hay otros elementos que inhiben la denuncia y hacen que las organizaciones sociales estén seriamente intimidadas por el crimen organizado”.

La modificación constitucional —que forma parte de los acuerdos del Pacto por México— consistiría en permitir que los funcionarios sean “sujetos a proceso penal”, aunque bajo esa circunstancia “el servidor público podrá seguir en el cargo”, lo que permitiría que los presuntos responsables de algún delito rindieran cuentas o, en su caso, limpiaran su nombre.

Alarcón Olguín, también investigador de la UAM-Iztapalapa, señala que el Pacto por México ya no es referencia. “En esta Legislatura está muerta, no va a pasar nada porque ya todo está dentro de la lógica de la sucesión presidencial”.

La senadora Pilar Ortega (PAN), secretaria de la Segunda Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, considera una obligación de la Legislatura federal retomar la discusión.

Explica que el fuero constitucional debe proteger exclusivamente las opiniones de los parlamentarios. “No debe haber restricción alguna que impida a la justicia mexicana sancionar cualquier delito en el que incurra un legislador o un funcionario público”.

El esquema legal vigente enturbia incluso más la atmósfera de sospecha e incertidumbre en la que se destruyen prestigios con la misma facilidad con que se ocultan auténticos vínculos oscuros, considera la senadora panista. “A la hora de la discusión, el tema se esfuma, se queda en tentativa, sale de la negociación y ya no queda en nada, nunca llegamos a la conclusión. Tenemos la obligación de continuarlo frontalmente”.

Las acusaciones sobre los 43 legisladores federales han surgido desde instituciones policiacas nacionales y de Estados Unidos, de órganos partidistas, de personajes públicos, de la prensa nacional o extranjera, de testigos protegidos, de delincuentes mismos o han derivado de encuentros que se han hecho públicos entre personajes ligados al crimen con parlamentarios.



Situación legal, desconocida

El ex diputado panista Jorge Iván Villalobos Seáñez (periodo 2012-2015) dice no tener responsabilidad en la nominación de Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local panista presuntamente ligada al líder del Cártel de Sinaloa. Eso manda a decir a este diario. Rechaza entrevista con este medio, pero responde a través de su staff: “El doctor Villalobos no estaba en ninguna de las instancias encargadas de procesar el nombramiento de los candidatos a diputados en Sinaloa en 2013. La Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Directivo Estatal y la Comisión de Selección de Candidatos eran los encargados de recibir, procesar y verificar las candidaturas de las alianzas”.

Aclara que la diputada no tenía antecedentes penales en la fecha de su postulación, y si falsificó una identificación para visitar en prisión a Joaquín El Chapo Guzmán, eso fue en 2014 o 2015. “El partido no puede asumir responsabilidades. Ella tendrá que responder por dichos actos de manera individual, así como la PGR deberá explicar qué protocolos fallaron (…) en un penal que se supone es de alta seguridad”.

Formado a la sombra de Gustavo Madero, de quien ha sido secretario particular y asesor en las cámaras federales, Villalobos era delegado del comité panista en Sinaloa durante la nominación de la hoy llamada Chapodiputada. Fue un año después, en junio de 2014, cuando presidió el Comité Estratégico de Elecciones del Comité Nacional panista. Le han atribuido desde tráfico de influencias en dependencias federales y promoción de nombramientos de altos funcionarios fiscales, hasta la gestión de permisos para casinos. Pero el tema más sensible ha sido el de su relación con Edelmiro Sánchez Hernández, la última persona que vio con vida al ex diputado panista neoleonés, Hernán Belden Elizondo, quien fue asesinado el 11 de noviembre de 2012.

Sánchez Hernández, detenido en 2004 por posesión de 87 kilos de marihuana, efectuó una primera declaración en calidad de testigo respecto al caso Belden, pero cuando la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) lo citó para la segunda comparecencia, el hombre se esfumó. El 13 de noviembre de 2012 la PGJNL solicitó auxilio a las procuradurías estatales y a Interpol para localizarlo. No han tenido éxito.

El testigo evadido había sido señalado como un operador informal del Comité Nacional del PAN en Nuevo León. El entonces diputado Villalobos negó esa versión y advirtió que no solaparía a nadie. Mientras Interpol lo buscaba, Edelmiro Sánchez reapareció en enero de 2014 en una famosa fiesta de diputados panistas en Puerto Vallarta, cuya videograbación fue difundida en agosto. En ella se encontraban los legisladores Luis Alberto Villarreal, Martín López Cisneros, Máximo Othón Zayas y el ex legislador Alejandro Zapata Perogordo. Al fondo, Villalobos aparece charlando animadamente con el testigo de la PGJNL. Al parecer, nadie reportó la localización de Sánchez Hernández a las autoridades.

El miembro del staff de Villalobos justifica: “El doctor no tenía conocimiento del estatus legal de la persona que estaba en Vallarta”.



¿Cuánto cuesta blanquear el nombre?

El 2 de octubre de 2008, Carlos Lomelí Bolaños, empresario farmacéutico jalisciense, estaba en un restaurante con otros ejecutivos. Habían pasado dos años desde su candidatura a senador de la Coalición Por el Bien de Todos, que postuló en los comicios presidenciales a Andrés Manuel López Obrador, y a Marcelo Ebrard para el GDF. Ahora estaba concentrado en su empresa, Lomedic, que 28 días atrás obtuvo, tras vencer a cuatro monstruos del sector, uno de los contratos más codiciados de la temporada: 700 millones de pesos por proveeduría a las instituciones de salud del GDF, ya con Marcelo Ebrard.

De pronto, sus acompañantes indicaron a Lomelí que mirase la televisión.“¿Pues qué es?”, preguntó. “Eres tú —le dijeron—, te están vinculando con un cártel”. El diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC) recuerda su incredulidad frente a la noticia: La Oficina del Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU (OFAC, por sus siglas en inglés) etiquetaba a Lomedic dentro de “una red” de empresas mexicanas que, presumía, lavaban dinero del Cártel de los Amezcua.

En entrevista con este diario, cuenta su primera reacción: comprar planas enteras en todos los diarios de circulación nacional para pedir al entonces presidente Felipe Calderón e instituciones federales “ser investigado y que de alguna manera se limpiara mi nombre”.

Lomedic envió tres furgonetas llenas de documentación contable al Departamento de Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR. No fueron menos los trámites que el diputado efectuó ante la OFAC. “Fue devastador sentar a la familia y explicarles que no teníamos absolutamente nada de qué avergonzarnos”. Sus hijos sufrieron acoso y rechazo. Algunos proveedores cancelaron el contacto y perdió contratos. “Tuve que hacer un recorrido con todos los gobernantes para decirles ‘oigan, yo no me dedico a eso, déjenme terminar mi contrato’”. En noviembre de 2011, OFAC le envió una carta, de la que tiene copia este diario, anunciándole que saldría de su lista. Un mes antes, según el diputado, la entonces subprocuradora Marisela Morales le informó personalmente que nada había en su historial que fuese materia de sanción, y le habría extendido un papel en el que estaban escritos algunos nombres: “Son las personas que nos pusieron a trabajar”.

El legislador asegura que eran empresarios farmacéuticos. “Se pagó para que la información se subiera a la OFAC”.

—¿Cuánto gastó en las gestiones para limpiar su nombre?

—Sólo en Estados Unidos, más de 2 millones y medio de dólares…



Indagaciones truncas

El ex alcalde priísta de Sahuayo, Alfredo Anaya Gudiño, ha presidido el Consejo de Administración de Consorcio Alfa Omega —fertilizantes, petroquímica, minería, mercado inmobiliario, seguros, transporte, servicios financieros, hotelería—, y también accionista principal de Fertilizantes de Guadalajara, empresa que en 1992 compró Roca Fosfórica Mexicana (Rofomex), entre otras.

Su hijo, Alfredo Anaya Orozco, actual diputado federal, es vicepresidente del consejo de administración del grupo. En junio de 1996, la PGR investigaba a su padre por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Un oficio (407/996) elaborado por Guillermo Nava Ramírez, oficial de la extinta Policía Judicial Federal, destacado entonces en el distrito de Jacona, Michoacán, lo vinculó con Francisco Sahagún Baca (EL UNIVERSAL 9/11/2001), ex director de Investigación para la Prevención de la Delincuencia de la Policía del Distrito Federal bajo la gestión de Arturo Durazo Moreno, jefe policíaco capitalino involucrado con bandas delincuenciales en los años 70 y 80.

Anaya Gudiño confirmó en 2001, como candidato al gobierno de Michoacán, que Sahagún fue su amigo muchos años: “Pero hace como 15 que no lo veo”. También ha aceptado que nunca declaró por el asunto del “lavado de dinero”.

En 2008 un juez de Jalisco giró orden de detención en contra suya por un fraude de 144 millones de pesos contra Industrializadora de Maíz S.A. de C.V. Obtuvo suspensión del proceso por amparo del juez federal Luis Núñez, con lo que también frenó el juicio de procedencia que se preparaba en el Congreso michoacano.

En julio de 2014, el cabecilla templario Servando Gómez, La Tuta, difundió un video en el que asegura que Anaya Gudiño lo buscó para exponerle su pretensión de ser gobernador interino, ante la inminente caída de Fausto Vallejo. Gudiño respondió que de pretender el cargo habría buscado al presidente Peña Nieto, no al templario.



Por juntarse con malosos

Muchas acusaciones provienen de presunciones, algunas incluso han sido cerradas. La mayoría ha relacionado a los presuntos culpables con las siguientes organizaciones criminales:

La Familia Michoacana o Caballeros Templarios: Federico Quinto (PRI), Salomón Fernando Rosales (PRI), Rodimiro Barrera Estrada (PRI) y Humberto Benítez Treviño (PRI); así como Iris Vianey Mendoza (PRD), Julio César Godoy Toscano (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) y José Céspedes (PT), entre otros.

Cártel de Sinaloa: Juan Antonio Ixtláhuac (PRI), Ernesto Ruffo (PAN), Rodolfo Dorador (PAN), Armando Ríos Piter (PRD). Cártel de los Beltrán Leyva: Guillermo Anaya (PAN) y Ricardo Villarreal (PAN). Cártel de Juárez: Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Héctor Murguía (PRI).

Los Zetas: Miguel Ángel Yunes (PAN), Javier López Zavala (PRI), Darío Badillo (PRI), Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) y David Monreal Ávila (PT), candidato al gobierno de Zacatecas.

Cártel del Golfo: Francisco Cabeza de Vaca (PAN) y Baltazar Hernández (PRI), candidatos a gobernador de Tamaulipas; El Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, Ulises Ramírez (PAN), entre otros. Edelmiro Sánchez, testigo evadido en el caso del homicidio del diputado neoleonés Hernán Belden, Luis Alberto Villarreal (PAN), Jorge Villalobos (PAN), Martín López Cisneros (PAN) y Máximo Othón Zayas (PAN). Cártel de los Amezcua: Carlos Lomelí (MC). Los Rojos: Rabindranath Salazar (Morena).

Cártel de los Arriola: Alejandro Cano Ricaud, Ascensión Orihuela (PRI), ex candidato al gobierno de Michoacán, relacionado con cuatro grupos: La Familia, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Beltrán Leyva; Samuel Gurrión con Gregorio El Greg Sánchez, presunto lavador de dinero; Alfredo Anaya Gudiño con Francisco Sahagún Baca, policía implicado en narcotráfico. Alejandro Cano Ricaud (PRI) con el grupo delictivo Los Arriola y Hugo Héctor Martínez (PRI), de Coahuila, según denuncias anónimas que derivaron en una averiguación oficial.

La naturaleza diversa de las instituciones y personajes acusadores, en consideración de registros de foto y video, previene ante la tentación de conclusiones apresuradas respecto al grado de certeza o verosimilitud de las imputaciones.

Duarte debe ir a la cárcel y terminar peor que Granier: Yunes Márquez


“Yo creo que va a terminar peor que Granier porque lo que ha hecho Duarte es infinitamente más grave de lo que hizo Granier y de lo que ha hecho Moreira”, manifestó el senador panista

El senador panista Fernando Yunes Márquez.


Villahermosa, Tabasco, 26 de febrero de 2016.- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, terminará peor que el exgobernador tabasqueño, Andrés Granier Melo, y debe ir a la cárcel por corrupción y las desapariciones en la entidad, exigió el senador panista Fernando Yunes Márquez.

“Yo creo que va a terminar peor que Granier porque lo que ha hecho Duarte es infinitamente más grave de lo que hizo Granier y de lo que ha hecho (Humberto) Moreira”, manifestó el hijo del precandidato del PRD-PAN a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Durante su estancia en Tabasco para participar en la audiencia pública regional sobre la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas por parte de Particulares”, organizada por el Senado de la República, Yunes Márquez pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) aplicar la ley al mandatario veracruzano y cuestionó que el candidato priista para sucederlo en el cargo, Héctor Yunes, pretenda desmarcarse del régimen “podrido” de Javier Duarte.

Dijo que el gobernador Duarte lo hizo candidato, le paga la campaña y si gana la gubernatura no pasará nada.

“La única opción real de que pueda haber justicia es que llegue la oposición, como ocurrió en Tabasco”, aseguró.

Y añadió que más allá de una eventual renuncia de Duarte, lo importante es rinda cuenta ante los tribunales, se le finquen responsabilidades y vaya a la cárcel.

“Lo que los veracruzanos no queremos es que lo saquen del gobierno o pida una licencia para irse de manera impune con los cientos de millones que se robó”, sostuvo.
El panista demandó que la titular de la PGR, Arely Gómez, se quite la camiseta de priista “y se ponga la de procuradora”.

“Tiene la obligación legal de proceder”, emplazó, y aseguró que no hay un solo mexicano que dude que Javier Duarte “se ha robado el dinero de los veracruzanos”.

Lamentó que Veracruz sufra grave crisis de derechos humanos y seguridad, provocado por gobiernos priistas, ya que entre el 70 y 80 por ciento de los desaparecidos del país son de esa entidad.

“Desgraciadamente estamos desbancado a Tamaulipas”, resumió.

Con información de Proceso

jueves, 25 de febrero de 2016

Serrano Limón paga fianza de 25 millones de pesos

Pese a que un juez dictaminó formal prisión a Serrano Limón por presunta malversación de fondos públicos, el dirigente de Provida pagó la fianza y seguirá proceso en libertad


Ciudad de México, 25 de febrero de 2016.- La PGR confirmó que el dirigente de Provida quien fue detenido nuevamente el miércoles 17 por su presunta responsabilidad por el delito de peculado y posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer, salió en libertad bajo caución.

El delito de peculado no es tipificado como grave, por lo cual tras pagar la fianza de 25 millones de pesos, salió en libertad sólo dos días después de su aprehensión.

El dirigente de Provida solicitó también la duplicidad del plazo constitucional y el beneficio de la libertad provisional bajo caución, de la cual goza actualmente, previa exhibición de las pólizas de fianza por 150 mil pesos para obligaciones procesales; 13 mil 573 pesos por concepto de posible multa, y 25 millones 764 mil 534 por reparación del daño.

Con información de Proceso.

Ex asesor de EPN, vinculado al narcotráfico en Colombia

Reportes de la DEA señalan que fueron sobornados varios funcionarios, entre ellos Oscar Naranjo

Foto: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro, junio 2012

Ciudad de México, 25 de febrero de 2016.- La Agencia Antidrogas de Estados Unidos relacionó con el narcotráfico a tres ex directores de la Policía Nacional de Colombia, entre ellos Oscar Naranjo, ex asesor de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad.

La cadena Caracol indicó que “obtuvo los reportes que desarrolló la DEA y que frenaron el ascenso del general Luis Eduardo Martínez, el único oficial activo al momento en que los papeles fueron enviados a la Comisión Segunda del Senado, que en diciembre de 2015 estudiaba 39 ascensos. En esos reportes se mencionan los nombres de exdirectores de la policía como los generales Rosso José Serrano Cadena, Óscar Naranjo y José Roberto León Riaño, con presuntos sobornos provenientes del narcotráfico”.

El 14 de junio de 2012, Naranjo fue presentado por el propio Peña como su asesor en materia de seguridad, pese a que desde aquel momento pesaban señalamientos en su contra.

Tras las elecciones, en septiembre y octubre 2012, el ex director confirmó su asesoría al gobierno de Peña y apuntó que el narcotráfico era un fenómeno trasnacional.

Fue hasta enero 2014, cuando Naranjo informó que regresaba a Colombia y dejaba atrás sus labores en México.

Los reportes de la DEA


Caracol Radio expuso los reportes de la DEA:

“El primer informe es de 2008, es una entrevista a una fuente bautizada como SOI, recuerda el episodio de los helicópteros de Francisco Iván Cifuentes Villa que utilizó la Policía en el departamento de Antioquia. Dice que sobornaron al entonces coronel Luis Martínez con un computador, mientras que a un mayor y al general Mauricio Santoyo con más de 50.000 dólares”.

En tanto, en 2009, “aparece otro informe a partir de una entrevista a Dagoberto Giraldo, alias percherón, donde se vuelve a mencionar a Santoyo y Martínez con los sobornos ofrecidos por Cifuentes Villa. También se menciona al hermano del exedecan del presidente Álvaro Uribe, el coronel, hoy en retiro, Julio César Santoyo”.

“En 2010 se menciona la entrevista a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Relata sobornos a la Policía entre 1998 y 2006, asegura que altos oficiales, incluso del Ejército se beneficiaron de pagos del narcotráfico que también sirvieron para financiar campañas políticas, pero no da nuevos nombres”, apuntó.

“El reporte más comprometedor, tiene fecha marzo de 2011. El mayor de la Policía, ya en retiro, Byron Ernesto Ordoñez, le contó a los agentes de la DEA que los sobornos incluyeron a generales como José Roberto León Riaño, Oscar Naranjo y Rosso José Serrano, Leonardo Gallego Castrillón, quien fuera director Antinarcóticos, Dagoberto García Cáceres, César Augusto Pinzón, el ya fallecido coronel Danilo Gonzáles y el entonces coronel Luis Eduardo Martínez”, expuso.


Con información de Aristegui Noticias.